1. Marco situacional de la Secretaria de Acción Social
La Secretaría de Acción Social (SAS) fue creada en el año 1995 mediante el Decreto del Poder Ejecutivo N º 9235/95 [Ver/Bajar Decreto de creación], con el mandato de actuar como articulador interinstitucional de las acciones del Estado, los Partidos Políticos y la Sociedad Civil en torno a una Política Social dirigida fundamentalmente a combatir la pobreza y promover una mayor equidad social, impulsando el capital social, un orden económico más justo y un sistema de protección y promoción social.
En las referencias declarativas, la acción institucional de la SAS se enmarca en las directrices de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza, aprobada por Decreto Presidencial Nº 8.152 del 8 de setiembre de 2006, cuyos ejes de intervención en términos de Políticas Específicas de atención a la población afectada por la pobreza y la indigencia se corresponden con las tres dimensiones de la pobreza definidas en términos analíticos: la vulnerabilidad social, la exclusión social y la exclusión económica.
En la etapa la etapa de transición del Gobierno electo el 20 de abril del 2008, el equipo técnico designado realiza un breve diagnóstico sobre la situación institucional y los diferentes programas desde la Secretaría de Acción Social. Las notas más resaltantes de este análisis diagnóstico se resume en que las políticas sociales se ejecutadas en la actualidad por la SAS presenta estas características:
Focalización: considera únicamente a los “pobres” extremos y abarca zonas geográficas muy reducidas que la vuelve excluyen en su gestión.
Compensatoria: No apunta a la realización plena de los derechos humanos, sino que cubre una pequeña parte abordando puntualmente la subsistencia.
Paliativa: No se orienta a modificar las relaciones de exclusión, pobreza y marginación, sino a mantener las mismas suavizando las contradicciones.
Fragmentaria: Los programas se abocan a problemas específicos en forma aislada, sin tener en cuenta la complejidad de la pobreza ni contemplar la relación fundamental para combatirla, que es el trabajo.
En definitiva desde la SAS el abordaje de la pobreza se desarrolla desde una perspectiva limitada, que no apunta a eliminarla, orientando sus acciones hacia las causas de la misma, sino más bien, pareciera que existe una intencionalidad en mantenerla como sustento de un sistema clientelar y prebendario.
Además, el marco operativo institucional no desarrolla un mecanismo de trabajo coordinado y articulado interna y externamente, actúan en compartimentos estancos que debilita más aún la gestión institucional. Los delineamientos de la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza no se operativiza orgánicamente en la mayoría de los programas y proyectos.
2. Marco filosófico conceptual
El abordaje de la política social en este proceso se corresponde con el marco político del Estado social de Derecho, con un sistema de gobierno democrático, representativo, participativo y pluralista. En tal sentido, las Políticas sociales no son sólo la ejecución de programas aislados, descoordinados de asistencia alimentaría, proyectos productivos, construcción de viviendas entre otras cosas. Se trata de algo mucho más complejo, tan complejo como la realidad cotidiana, es pensar en contribuir al desarrollo de la persona, su familia y su contexto.
La perspectiva hoy apunta hacia el desarrollo social, como proceso en el cual las personas, familias y colectivos sociales superan las barreras y condicionantes para lograr una vida plena y digna a través del aprovechamiento de oportunidades y recursos sociopolíticos.
En esta perspectiva, desde la óptica del proyecto político y la estrategia de país que proponemos, la política social es la intervención de la sociedad sobre sí misma para orientar el producto del esfuerzo social hacia la satisfacción y realización de los derechos políticos, económicos, sociales, civiles y culturales de la gente.
Las condiciones de extrema vulnerabilidad social en que se encuentra una parte significativa de la población paraguaya, determina el imperativo ético y político de abordar con urgencia todas aquellas medidas tendientes a resolver de inmediato las necesidades básicas insatisfechas, muy especialmente aquellas vinculadas a la alimentación y la salud.
Entonces, los derechos ciudadanos no se transforman en una cuestión abstracta. Significa aludir a trabajo, salud, educación, ingresos, calidad en el nivel de vida, cultura, representación política, democracia, libertad, y todo ello en su sentido más amplio. Por la que es necesaria analizar también la desciudadanización en que han incurrido determinadas políticas públicas planteadas desde el reduccionismo de sacrificar el todo por la visión única de una parte y no precisamente la parte de las mayorías.
Es tiempo de trabajar desde una política social integral, desde un Estado en movimiento, con el centro puesto en la persona, no como un individuo aislado, sino como colectivos humanos y desde sus singularidades, atravesados por la trama social en la que están inmersos, buscando la construcción de un "espacio inclusivo" que fortalezca los derechos ciudadanos políticos, económicos, sociales, culturales y la equidad territorial.
Es así que en este marco definiríamos las Políticas Sociales como acciones que contengan estos principios:
Enfoque de derechos, relaciona la pobreza con los derechos humanos y la dignidad de la persona humana.
Universalidad, instala mecanismos que ponen en evidencia la garantía de derechos fundamentales y visibiliza los derechos vulnerados.
Equidad de género y etarea, la vulnerabilidad afecta en forma diferenciada a grupos sociales, quienes requieren atenciones preferenciales.
Integralidad, rescata el principio de unidad que debe prevalecer en todo el campo de acción del Estado; reconoce, integra y cohesiona las redes sociales con una “centralidad del trabajo” asegurando organicidad.
Participación, como principio necesario para la modificación de relaciones de poder que mantienen la estructura desigual, injusta y excluyente de la sociedad. El involucramiento de los actores otorga legitimidad a la acción pública, construye ciudadanía y fortalece la democracia participativa.
Principios de Gestión
Integridad y transparencia, la corrupción opera como barrera en la eficiencia de los servicios públicos; por lo que requiere, medidas efectivas para desarticular prácticas y cambiar conductas en la gestión pública.
Eficiencia y Eficacia, se asume la necesidad de diseñar, implementar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos de forma pertinente, acertada, sin demoras, para lo cual se requiere competencias técnicas y políticas claras.
Estrategia política
Participación de organizaciones sociales y sociedad civil en general
Organización en torno a reivindicación de derechos.
Relación vinculante en la toma de decisiones sobre políticas sociales.
Rol activo en el monitoreo, evaluación y reestructuración de los programas.
Corresponsabilidad de los distintos actores sociales
Involucramiento del sector privado en los programas de desarrollo.
Evitar el rol pasivo y receptor de las familias y comunidades vulnerables.
Desarrollo y afianzamiento de la función del Estado como garante fundamental del Bienestar.
Concertación y coordinación territorial
Los escenarios locales donde convergen la oferta pública son los espacios más propicios para la articulación de la acción pública y la efectivización de los derechos.
3. Lineamientos Operativos
Todo proceso de cambio requiere ajustes en diferentes niveles e instancias, de ahí que se considera necesario implementar un Plan de ajustes, a fin de optimizar los recursos disponibles e instalar nuevos mecanismos de gestión social, en esta línea un elemento clave es la reorganización de la acción institucional a través de ejes que configuran los programas a desarrollar y que ofrece a las familias distintos apoyos:
Hábitat e Infraestructura Social: con este programa se propone unificar lo relacionado a Compra de tierra, Construcción de Viviendas y Saneamiento Básico.
Desarrollo Comunitario y Seguridad Alimentaria:
EL modelo agro exportador de nuestro país ha generado un "crecimiento dual", con beneficios para el sector urbano y el agropecuario de gran escala algodón, soja, y ganado, sin mejorar la calidad de vida de las zonas rurales. La inequidad del patrón de crecimiento económico dual se identifica en la mayor incidencia de la pobreza rural con relación a la urbana, así como en el modo desigual en que se distribuyen las oportunidades de acceso a los recursos productivos y servicios (salud, educación, vivienda, agua y saneamiento) entre los diferentes grupos sociales en el campo y en la ciudad.
Esto se traduce en movimientos de migración forzada de las zonas rurales a la ciudad, constituyendo una violación del derecho humano básico a la residencia en un lugar de elección. La agricultura como componente central de la economía paraguaya, genera más de la cuarta parte del PIB, emplea casi la mitad de la fuerza de trabajo y ofrece el 90% de las exportaciones registradas. Desde hace dos décadas ha sido el sector líder, con una tasa de crecimiento que excede a la del PIB, mostrando un crecimiento sostenido. Si bien las causas de la pobreza son múltiples, de manera general, el crecimiento dual de la economía beneficia al sector urbano y a los empresarios del sector rural y se pueden rescatar los siguientes factores en la determinación de la pobreza rural:
La insuficiente cobertura y calidad educativa rural, la ausencia de políticas y programas orientados a la infancia y la juventud rural privándolos de asistencia técnica y crediticia para la seguridad alimentaria, de la participación ciudadana y el fortalecimiento del arraigo campesino, de la comercialización de productos hortofrutícolas e imponiendo modelos productivos y comercializadores del exterior.
La pobreza se distribuye diferencialmente en zonas rurales y urbanas, de un total de 6.009.143 habitantes, en el área rural se encuentran casi la mitad (42% o 2.523.840 personas), en la urbana los pobres representan poco más de un cuarto de la población (26,7%) habitantes y la mitad de los pobres son extremos (1.211.443 personas). En la economía local de las poblaciones pobres sigue vigente la producción agrícola, sin embargo existen problemas de acceso a alimentos, por la producción expansiva de algunos rubros orientados con exclusividad a la renta y problemas de acceso a alimentos de calidad sin consolidar esfuerzos por la soberanía alimentaria en la organización para el desarrollo comunitario.
Por lo tanto, este eje prevé trabajar las políticas integrales de apoyo a la economía campesina incluyendo aspectos de asistencia técnica para la producción diversificada, procesamiento de productos, protección de la producción nacional, mercadeo, respeto a la integridad cultural y sostenibilidad ambiental en coordinación con el MEC; MAG, MSPBS, SNNA, entre otros.
Con este programa se organizan los proyectos de PRODECO, FIS, Tekoporâ y Ñopytyvô.
Trabajo y Unidades Productivas: organiza los proyectos relacionados con generación de ingresos y capacitación de aprendizajes.
Poblaciones Vulnerables: en cuyo marco que se reorganiza el proyecto ABRAZO y atención de Adultos Mayores (PAAM).
Atención a Pueblos Indígenas: un programa a diseñar e implementar.
En el Paraguay existen 87.099 indígenas, lo cual representan el 1,7% de la población y se encuentra distribuida en 20 etnias. El 47% de esta población tiene menos de 15 años de edad y el 26% entre 15 y 29 años. La tasa de fecundidad de las mujeres, es de 6 ,3 %, frente a 3% de la población no indígena. La mortalidad de menores de un año es de 109 defunciones por cada 1000 nacidos vivos, frente a un promedio de 40 a nivel nacional. No obstante algunas etnias tales como Guaraní Ñandeva, Toba y Majui superan ampliamente estas cifras cuadriplicándolas. La desnutrición de menores de 5 años, en el Chaco duplica a la no indígena, 9,9 % frente a 4,2%. Uno de los problemas más graves es la no disponibilidad de agua y saneamiento básico, atendiendo que solo el 3,9% cuenta con agua potable y el 3,3% con desagüe cloacal o pozo ciego. Así también el 9,7% dispone de servicio de energía eléctrica y más de la mitad de las comunidades indígenas, no llegaron a conseguir un espacio (tierra) donde vivir dignamente.
La tasa de analfabetismo es de 51%, frente al 7,1 % a nivel nacional y es resaltante que los pai tavyterá cuentan con 82% de analfabetismo. Esto revela el alto grado de exclusión social de las comunidades y pueblos indígenas y pone en evidencia la necesaria y urgente acción social reafirmando su cultura y enfrentando la pobreza con programas estatales congruentes con la magnitud del problema.
El modelo agro exportador vigente crea inseguridad alimentaria para los indígenas, atendiendo que las comunidades que cuentan con tierra, se encuentran jurídicamente a cargo del INDI, instancia que no ha mostrado el apoyo y las garantías suficientes, por lo cual algunas comunidades alquilan la tierra para su subsistencia o precarizan su vida trabajando para colonos extranjeros asentados en el país. Algunos producen para la subsistencia, a través de la agricultura familiar (poroto, miel, animales menores, etc) y para la renta y se observa necesidad de protección de toda su diversidad productiva (medicina natural, alimentos nativos, bosques, etc). Para las comunidades asentadas en áreas urbanas de Asunción (Cateura y Zona de Terminal de Ómnibus), Luque, Fdo de la Mora etc., es necesario crear alternativas de comercialización de artesanía y otros productos, facilitando un lugar físico de comercialización comunitaria, viviendas, etc., atendiendo que algunos se encuentran desde varios años en la capital.
Otro problema que requiere de acciones coordinadas de la SAS con otras instancias y niveles del Estado, ONGs, etc es la escasa participación indígena en los procesos de diseños de políticas públicas hacia el sector así como también en el manejo de los recursos destinados a los mismos.
Por otro lado, se requiere de medidas que favorezcan a la participación y transparencia en la gestión institucional, para lo cual se propone:
Gobierno con la Gente, que incluye:
Instalación de una Mesa de Participación social, como una instancia que canalice la participación de las organizaciones sociales en la construcción de propuestas y acompañamiento de evaluaciones a los programas de la SAS, así mismo que se constituya en un canal de comunicación y acciones conjuntas entre el Gabinete Social y las Organizaciones Sociales, coordinado por la SAS.
La Mesa de Participación Social, irá acompañada de otros mecanismos participativos con la realización de Audiencias Públicas de Rendición de cuentas o informes de gestión.
El proceso de cambio necesariamente debe incluir una reorganización institucional a través de una:
Reingeniería Institucional, a fin de mejorar la institucionalidad de la SAS que al mismo tiempo modifique la relación con la ciudadanía.
Otros ajustes consisten en la introducción de mecanismos e instrumentos que transparente el otorgamiento de beneficios y los procesos sociales de movilización ciudadana e ideas sobre la realidad social que generan los programas. A tal efecto, se fortalecerán perfiles de acompañamiento técnico – social en niveles de gabinete y de campo, para acciones que instalen enfoque de derechos, participación protagónica e igualdad de género en todos los programas de la SAS.
Esto implica además, el ordenamiento y fortalecimiento de las habilidades y competencias del cuadro técnico institucional; a través de capacitación sistemática y evaluación de acciones respecto a la orientación de las Políticas Sociales que la SAS instaura en el nuevo gobierno y a los procesos participativos y de control ciudadano a todos los programas implementados.
Las propuestas requerirá intensificar el trabajo de campo desde los cuadros operativos de la institución, un sistema de asesoría, monitoreo y evaluación, para lo cual el desarrollo de un “sistema de registro único informatizado” respecto a los beneficiarios de todos los programas de la SAS, será un instrumento básico.
Un componente transversal de este proceso es la revisión de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza, en perspectiva de ampliar hacia un enfoque de desarrollo acorde a nuestro proceso histórico, de modo a implementar cambios más substanciales a los programas de la SAS y explicitar acciones conjuntas y coordinaciones interinstitucional, intersectorial y niveles de Gobierno, así como con organizaciones de la sociedad civil.
4. Funciones dentro de la Estructura
La Secretaría de Acción Social como instancia de rectoría de las Políticas sociales delinea las siguientes como funciones institucionales de:
Gestor de acciones coherentes para el bienestar de los ciudadanos/as en el marco político de del Estado Social de derechos.
Reorientar los programas sociales en perspectiva del desarrollo social que superen las barreras de la pobreza y exclusión.
Coordinador y articulador de los esfuerzos del Estado y la Sociedad Civil en torno a una política social integral, teniendo como eje principal la Participación de los sectores Populares.
Formular políticas sociales a nivel nacional, en coordinación y articulación con otras dependencias y niveles del gobierno para implementar programas dirigidos a: Familias, Adultos Mayores, Indígenas, Niñez, Personas con Capacidades Diferentes, entre otros.
Dirección de Comunicación - mail: comunicacion@sas.gov.py
Escribe a la S.A.S.
1. Marco situacional de la Secretaria de Acción Social
La Secretaría de Acción Social (SAS) fue creada en el año 1995 mediante el Decreto del Poder Ejecutivo N º 9235/95 [Ver/Bajar Decreto de creación], con el mandato de actuar como articulador interinstitucional de las acciones del Estado, los Partidos Políticos y la Sociedad Civil en torno a una Política Social dirigida fundamentalmente a combatir la pobreza y promover una mayor equidad social, impulsando el capital social, un orden económico más justo y un sistema de protección y promoción social.
En las referencias declarativas, la acción institucional de la SAS se enmarca en las directrices de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza, aprobada por Decreto Presidencial Nº 8.152 del 8 de setiembre de 2006, cuyos ejes de intervención en términos de Políticas Específicas de atención a la población afectada por la pobreza y la indigencia se corresponden con las tres dimensiones de la pobreza definidas en términos analíticos: la vulnerabilidad social, la exclusión social y la exclusión económica.
En la etapa la etapa de transición del Gobierno electo el 20 de abril del 2008, el equipo técnico designado realiza un breve diagnóstico sobre la situación institucional y los diferentes programas desde la Secretaría de Acción Social. Las notas más resaltantes de este análisis diagnóstico se resume en que las políticas sociales se ejecutadas en la actualidad por la SAS presenta estas características:
En definitiva desde la SAS el abordaje de la pobreza se desarrolla desde una perspectiva limitada, que no apunta a eliminarla, orientando sus acciones hacia las causas de la misma, sino más bien, pareciera que existe una intencionalidad en mantenerla como sustento de un sistema clientelar y prebendario.
Además, el marco operativo institucional no desarrolla un mecanismo de trabajo coordinado y articulado interna y externamente, actúan en compartimentos estancos que debilita más aún la gestión institucional. Los delineamientos de la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza no se operativiza orgánicamente en la mayoría de los programas y proyectos.
2. Marco filosófico conceptual
El abordaje de la política social en este proceso se corresponde con el marco político del Estado social de Derecho, con un sistema de gobierno democrático, representativo, participativo y pluralista. En tal sentido, las Políticas sociales no son sólo la ejecución de programas aislados, descoordinados de asistencia alimentaría, proyectos productivos, construcción de viviendas entre otras cosas. Se trata de algo mucho más complejo, tan complejo como la realidad cotidiana, es pensar en contribuir al desarrollo de la persona, su familia y su contexto.
La perspectiva hoy apunta hacia el desarrollo social, como proceso en el cual las personas, familias y colectivos sociales superan las barreras y condicionantes para lograr una vida plena y digna a través del aprovechamiento de oportunidades y recursos sociopolíticos.
En esta perspectiva, desde la óptica del proyecto político y la estrategia de país que proponemos, la política social es la intervención de la sociedad sobre sí misma para orientar el producto del esfuerzo social hacia la satisfacción y realización de los derechos políticos, económicos, sociales, civiles y culturales de la gente.
Las condiciones de extrema vulnerabilidad social en que se encuentra una parte significativa de la población paraguaya, determina el imperativo ético y político de abordar con urgencia todas aquellas medidas tendientes a resolver de inmediato las necesidades básicas insatisfechas, muy especialmente aquellas vinculadas a la alimentación y la salud.
Entonces, los derechos ciudadanos no se transforman en una cuestión abstracta. Significa aludir a trabajo, salud, educación, ingresos, calidad en el nivel de vida, cultura, representación política, democracia, libertad, y todo ello en su sentido más amplio. Por la que es necesaria analizar también la desciudadanización en que han incurrido determinadas políticas públicas planteadas desde el reduccionismo de sacrificar el todo por la visión única de una parte y no precisamente la parte de las mayorías.
Es tiempo de trabajar desde una política social integral, desde un Estado en movimiento, con el centro puesto en la persona, no como un individuo aislado, sino como colectivos humanos y desde sus singularidades, atravesados por la trama social en la que están inmersos, buscando la construcción de un "espacio inclusivo" que fortalezca los derechos ciudadanos políticos, económicos, sociales, culturales y la equidad territorial.
Es así que en este marco definiríamos las Políticas Sociales como acciones que contengan estos principios:
Principios de Gestión
Integridad y transparencia, la corrupción opera como barrera en la eficiencia de los servicios públicos; por lo que requiere, medidas efectivas para desarticular prácticas y cambiar conductas en la gestión pública.
Eficiencia y Eficacia, se asume la necesidad de diseñar, implementar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos de forma pertinente, acertada, sin demoras, para lo cual se requiere competencias técnicas y políticas claras.
Estrategia política
Participación de organizaciones sociales y sociedad civil en general
Corresponsabilidad de los distintos actores sociales
Concertación y coordinación territorial
3. Lineamientos Operativos
Todo proceso de cambio requiere ajustes en diferentes niveles e instancias, de ahí que se considera necesario implementar un Plan de ajustes, a fin de optimizar los recursos disponibles e instalar nuevos mecanismos de gestión social, en esta línea un elemento clave es la reorganización de la acción institucional a través de ejes que configuran los programas a desarrollar y que ofrece a las familias distintos apoyos:
EL modelo agro exportador de nuestro país ha generado un "crecimiento dual", con beneficios para el sector urbano y el agropecuario de gran escala algodón, soja, y ganado, sin mejorar la calidad de vida de las zonas rurales. La inequidad del patrón de crecimiento económico dual se identifica en la mayor incidencia de la pobreza rural con relación a la urbana, así como en el modo desigual en que se distribuyen las oportunidades de acceso a los recursos productivos y servicios (salud, educación, vivienda, agua y saneamiento) entre los diferentes grupos sociales en el campo y en la ciudad.
Esto se traduce en movimientos de migración forzada de las zonas rurales a la ciudad, constituyendo una violación del derecho humano básico a la residencia en un lugar de elección. La agricultura como componente central de la economía paraguaya, genera más de la cuarta parte del PIB, emplea casi la mitad de la fuerza de trabajo y ofrece el 90% de las exportaciones registradas. Desde hace dos décadas ha sido el sector líder, con una tasa de crecimiento que excede a la del PIB, mostrando un crecimiento sostenido. Si bien las causas de la pobreza son múltiples, de manera general, el crecimiento dual de la economía beneficia al sector urbano y a los empresarios del sector rural y se pueden rescatar los siguientes factores en la determinación de la pobreza rural:
La insuficiente cobertura y calidad educativa rural, la ausencia de políticas y programas orientados a la infancia y la juventud rural privándolos de asistencia técnica y crediticia para la seguridad alimentaria, de la participación ciudadana y el fortalecimiento del arraigo campesino, de la comercialización de productos hortofrutícolas e imponiendo modelos productivos y comercializadores del exterior.
La pobreza se distribuye diferencialmente en zonas rurales y urbanas, de un total de 6.009.143 habitantes, en el área rural se encuentran casi la mitad (42% o 2.523.840 personas), en la urbana los pobres representan poco más de un cuarto de la población (26,7%) habitantes y la mitad de los pobres son extremos (1.211.443 personas). En la economía local de las poblaciones pobres sigue vigente la producción agrícola, sin embargo existen problemas de acceso a alimentos, por la producción expansiva de algunos rubros orientados con exclusividad a la renta y problemas de acceso a alimentos de calidad sin consolidar esfuerzos por la soberanía alimentaria en la organización para el desarrollo comunitario. Por lo tanto, este eje prevé trabajar las políticas integrales de apoyo a la economía campesina incluyendo aspectos de asistencia técnica para la producción diversificada, procesamiento de productos, protección de la producción nacional, mercadeo, respeto a la integridad cultural y sostenibilidad ambiental en coordinación con el MEC; MAG, MSPBS, SNNA, entre otros.
Con este programa se organizan los proyectos de PRODECO, FIS, Tekoporâ y Ñopytyvô.
En el Paraguay existen 87.099 indígenas, lo cual representan el 1,7% de la población y se encuentra distribuida en 20 etnias. El 47% de esta población tiene menos de 15 años de edad y el 26% entre 15 y 29 años. La tasa de fecundidad de las mujeres, es de 6 ,3 %, frente a 3% de la población no indígena. La mortalidad de menores de un año es de 109 defunciones por cada 1000 nacidos vivos, frente a un promedio de 40 a nivel nacional. No obstante algunas etnias tales como Guaraní Ñandeva, Toba y Majui superan ampliamente estas cifras cuadriplicándolas. La desnutrición de menores de 5 años, en el Chaco duplica a la no indígena, 9,9 % frente a 4,2%. Uno de los problemas más graves es la no disponibilidad de agua y saneamiento básico, atendiendo que solo el 3,9% cuenta con agua potable y el 3,3% con desagüe cloacal o pozo ciego. Así también el 9,7% dispone de servicio de energía eléctrica y más de la mitad de las comunidades indígenas, no llegaron a conseguir un espacio (tierra) donde vivir dignamente.
La tasa de analfabetismo es de 51%, frente al 7,1 % a nivel nacional y es resaltante que los pai tavyterá cuentan con 82% de analfabetismo. Esto revela el alto grado de exclusión social de las comunidades y pueblos indígenas y pone en evidencia la necesaria y urgente acción social reafirmando su cultura y enfrentando la pobreza con programas estatales congruentes con la magnitud del problema.
El modelo agro exportador vigente crea inseguridad alimentaria para los indígenas, atendiendo que las comunidades que cuentan con tierra, se encuentran jurídicamente a cargo del INDI, instancia que no ha mostrado el apoyo y las garantías suficientes, por lo cual algunas comunidades alquilan la tierra para su subsistencia o precarizan su vida trabajando para colonos extranjeros asentados en el país. Algunos producen para la subsistencia, a través de la agricultura familiar (poroto, miel, animales menores, etc) y para la renta y se observa necesidad de protección de toda su diversidad productiva (medicina natural, alimentos nativos, bosques, etc). Para las comunidades asentadas en áreas urbanas de Asunción (Cateura y Zona de Terminal de Ómnibus), Luque, Fdo de la Mora etc., es necesario crear alternativas de comercialización de artesanía y otros productos, facilitando un lugar físico de comercialización comunitaria, viviendas, etc., atendiendo que algunos se encuentran desde varios años en la capital.
Otro problema que requiere de acciones coordinadas de la SAS con otras instancias y niveles del Estado, ONGs, etc es la escasa participación indígena en los procesos de diseños de políticas públicas hacia el sector así como también en el manejo de los recursos destinados a los mismos.
Por otro lado, se requiere de medidas que favorezcan a la participación y transparencia en la gestión institucional, para lo cual se propone:
Instalación de una Mesa de Participación social, como una instancia que canalice la participación de las organizaciones sociales en la construcción de propuestas y acompañamiento de evaluaciones a los programas de la SAS, así mismo que se constituya en un canal de comunicación y acciones conjuntas entre el Gabinete Social y las Organizaciones Sociales, coordinado por la SAS.
La Mesa de Participación Social, irá acompañada de otros mecanismos participativos con la realización de Audiencias Públicas de Rendición de cuentas o informes de gestión.
El proceso de cambio necesariamente debe incluir una reorganización institucional a través de una:
Otros ajustes consisten en la introducción de mecanismos e instrumentos que transparente el otorgamiento de beneficios y los procesos sociales de movilización ciudadana e ideas sobre la realidad social que generan los programas. A tal efecto, se fortalecerán perfiles de acompañamiento técnico – social en niveles de gabinete y de campo, para acciones que instalen enfoque de derechos, participación protagónica e igualdad de género en todos los programas de la SAS.
Esto implica además, el ordenamiento y fortalecimiento de las habilidades y competencias del cuadro técnico institucional; a través de capacitación sistemática y evaluación de acciones respecto a la orientación de las Políticas Sociales que la SAS instaura en el nuevo gobierno y a los procesos participativos y de control ciudadano a todos los programas implementados.
Las propuestas requerirá intensificar el trabajo de campo desde los cuadros operativos de la institución, un sistema de asesoría, monitoreo y evaluación, para lo cual el desarrollo de un “sistema de registro único informatizado” respecto a los beneficiarios de todos los programas de la SAS, será un instrumento básico.
Un componente transversal de este proceso es la revisión de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza, en perspectiva de ampliar hacia un enfoque de desarrollo acorde a nuestro proceso histórico, de modo a implementar cambios más substanciales a los programas de la SAS y explicitar acciones conjuntas y coordinaciones interinstitucional, intersectorial y niveles de Gobierno, así como con organizaciones de la sociedad civil.
4. Funciones dentro de la Estructura
La Secretaría de Acción Social como instancia de rectoría de las Políticas sociales delinea las siguientes como funciones institucionales de: